*artículo publicado en el diario El Punt. (10-09-09)
Este año, el recurrente calentón nacionalista que acompaña la conmemoración del 11 de septiembre (la Diada nacional de Cataluña) se llama “referéndum” en Arenys de Munt.
Sí, escribí referéndum entre comillas para indicar que pese al nombre no es lo que se entiende realmente como tal en la teoría y en la práctica política.
Veamos, una entidad de la localidad denominada Moviment Arenyenc per l’autodeterminació (MAPA), de la que desconozco si tiene personalidad jurídica (quizás si, o quizás no), decide preguntar a sus conciudadanos una cuestión relativa a la independencia de Cataluña.
Bien, nada que objetar. Preguntas, implícitas o explícitas, en público o en privado, de particulares o de entidades (sean o no personas jurídicas o todo lo contrario), en la sociedad de hoy y de aquí, o de antes y de cualquier lugar, siempre las ha habido, siempre se hicieron.
¿Qué consecuencias tiene este tipo de acciones? Jurídicas, ninguna. Para crear opinión y mantener la tensión (fer bullir l’olla) de quien las hace, pues, más o menos. Per ejemplo, la prensa catalana pregunta: “¿Cree, o desea usted, que el Barça vuelva a hacer el triplete este año?” “¡Sin duda, faltaría más!”, sería la respuesta casi unánime de los que contestasen. Ahora bien, de aquí a que esto se produzca en realidad, ¡Vaya usted a saber! Hay que jugar muchos partidos y ganar más de los que ganen los adversarios.
Pero resulta que el pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt se entromete y en sesión plenaria toma el acuerdo por mayoría (Es decir hace un acto administrativo) sobre aquella pregunta del MAPA hasta aquel momento privada.
Desconozco la literalidad del acuerdo municipal. Tampoco es relevante para mi argumentación. Puede ser que sólo diera soporte material a la realización de la consulta que hace una entidad de su localidad, o puede ser que asumiera y haga suya la propia consulta poniéndose en el sitio de la entidad.
En el primer caso nos encontramos delante de un problema de gestión de los recursos públicos locales cedidos a particulares en forma de personal y de servicios (edificios, limpieza, electricidad, instalaciones,…) que en virtud de la autonomía municipal ya rendirán cuentas, ya serán responsables de ello, delante de sus conciudadanos/as que son los que nutren sus arcas. Todo el mundo se los gasta como quiere y cree y después los electores ya lo valorarán. Soy consciente de que en este caso estoy obviando aspectos jurídicos importantes, pero en los que ahora no quiero entrar. Continuo dejando el tema en el ámbito de una consulta privada con todo lo que comporta como consecuencia: nada, humo de paja con ayuda pública (por cierto, existen tanto ejemplos de ello…)
En el segundo caso el Ayuntamiento asume la consulta directamente. ¡Alto! Esto ya es otra cosa. Nos encontramos ante un acto administrativo que es nulo de pleno derecho ya que quien lo toma no tiene competencias para tomarlo.
Es que además, y aquí empieza el engaño que se pretende hacer a la ciudadanía, no se dan, porque no se pueden dar, los requisitos democráticos, reitero, democráticos, de una consulta o de un proceso que ha de ser reglado, que no puede ser discrecional. Veamos, a modo de ejemplo, ¿Quién nombra los componentes de las mesas de la consulta? ¿Qué censo se utiliza? (Cuidado, amigo Mora -el Alcalde de la población-, que aquí puedes pillarte los dedos y lastimarte) ¿Quién controla la acción de entregar las respuestas? ¿Cómo se garantiza el recuento y los resultados? No, no me digan que todo se hará bien y de buena fe. En los procedimientos democráticos estos conceptos no existen. Existen requisitos públicos refrendados por los órganos de las instituciones competentes para tomarlos. Y los ayuntamientos no los son y, por tanto, no los tienen.
Ya entiendo la inquietud y el nerviosismo de los que tienen respetables ideas sobre el tema de la independencia de Cataluña (y también sobre otros temas. Yo también las tengo sobre otros temas y me encuentro en la misma situación y por esto estoy en la lucha política). Pero esta gente debe comprender que han de buscar las fórmulas para hacer que sus ideas sean no solamente respetadas (que ya lo son) sino aceptadas, ampliamente aceptadas, a través de las instituciones pertinentes. ¿Hay que recordar que Adolfo Suárez forzó a los procuradores franquistas a hacerse el harakiri para empezar legalmente la transición democrática que de otra forma no hubiera podido empezar a andar?
¿Qué para esto han de mantener la tensión? Es perfectamente comprensible y plenamente legítimo y legal en una sociedad libre. Ahora, de aquí a darnos gato por liebre hay un trecho. Esto no es un referéndum, ahora sin comillas, esto es un entretenimiento y como tal hay que considerarlo.
Que se tomen un antipirético para bajar la fiebre los unos, o un antihistamínico para la urticaria los otros y que guarden cama unos días. Después todos nos encontraremos mejor, estaremos más sanos.
Madrid, 8 de septiembre.
