*(artículo para Capgros.com)
Pese al evidente proceso de descentralización que ha habido en España desde la Constitución del 78 y la construcción del Estado de las Autonomías tengo la impresión de que lo que representa este proceso todavía no es un hecho interiorizado firmemente, no ya por la ciudadanía sino por la propia clase política.
La distribución del conjunto del gasto público en España es, más o menos, así: descontado el 30% correspondiente a la Seguridad Social, el Estado tiene un 19% del total, las Comunidades Autónomas (CCAA) el 38% y las Corporaciones Locales (CCLL) el 13%. Haber conseguido esto en una generación es impresionante, es invertir completamente el funcionamiento del Estado en que vivimos. No obstante, más allá de declaraciones retóricas, no me parece que esté debidamente valorado, es más, me parece minusvalorado.
Pienso que este hecho se debe a dos razones. De un lado a la resistencia derivada de la rutina del funcionamiento centralista del Estado en nuestra historia contemporánea, expresión del pensamiento nacionalista español. Y de otro lado la resistencia de los otros nacionalismos a aceptar una fuente de legitimidad que no es la que quieren.
Una de las fuerzas del pensamiento nacionalista español es la existencia da unas estructuras administrativas centralizadas desde las que impone su concepción de la convivencia y que es un instrumento por impedir manifestaciones de diversidad. Esto es común a todos los centralismos. Estas estructuras a la vez daban a los que las ocupaban un status social que los hacía defensores radicales de las mismas. “Madrid” era, en esta concepción, la culminación de una pirámide de poder que lo hacía punto de destino final de toda una carrera personal, profesional o política. Por esto, el proceso de construcción del Estado de las Autonomías provoca muchas resistencias puesto que comporta interrumpir esta visión. A modo de ejemplo de lo que quiero explicar: el problema de la vivienda comportó hace un tiempo un estado de opinión, tanto público como publicado, que se tradujo en la reconstrucción de un Ministerio del tema ( Franco ya había hecho uno), cuanto la responsabilidad ya se había traspasado a otros niveles del Estado como las CCAA y las CCLL. También podríamos poner como ejemplos la pervivencia de otras estructuras burocráticas estatales que ya no tienen sentido y que cuesta hacer desaparecer. Me resultan sorprendentes algunos de los debates que todavía hacemos en el Congreso sobre temas que en puridad ya no son competencia del Estado, pero que todas las fuerzas políticas, aun las que se proclaman nacionalistas, llevan a discusión allí. (Debo decir también que perdí la batalla inversa, al pretender que en el Ayuntamiento sólo se trataran temas de gobierno local) En general cuando hay un problema todavía se piensa en la antigua estructura estatal centralizada y no en la estructura real que ya está en funcionamiento.
Para los nacionalistas periféricos el problema es diferente. La descentralización representa la delegación del ejercicio del gobierno desde una instancia que no se quiere reconocer. Tanto da que las cuestiones importantes para la vida de la comunidad, la educación y la sanidad sin ir más lejos, sean gestionadas por instituciones propias con competencias legislativas. El problema está en el origen de la delegación, en la soberanía. Para los nacionalistas aceptar que el origen de sus capacidades está en una normativa de alcance superior, que ellos no deciden solos sino que la establecen con todo el conjunto estatal, no es aceptable. Si, además, existe la restricción de una cierta coordinación de ámbito estatal, ya sea por motivos técnicos o políticos, todavía peor. El bilateralismo es entendido no como la relación de una parte con el todo, sino de una parte con otra parte. Cataluña con “España”, de la que la primera no formaría parte. Que hayan normativas estatales a las que se hayan de adaptar las autonómicas cuesta de aceptar puesto que evidentemente marcan unos límites a las decisiones y señalan el lugar dónde realmente se está. ¿Cómo es que el Congreso de los Diputados (“Madrid”) debe meter baza? ¿El Parlament (“Catalunya”) no es la representación del pueblo catalán? Esta visión quita importancia a los evidentes adelantos que en el tema del autogobierno se han logrado en estos años, y no ha habido quienes, con fuerza, lo defiendan. Estoy pensando en los míos propios, pese a las muchas declaraciones realizadas.
Pero la descentralización es un proceso necesario en la forma de gobierno de nuestras comunidades hoy en día para superar los obstáculos que comportan las dos visiones antagónicas existentes. La centralista, por la evidente imposibilidad de gestionar adecuadamente la complejidad de nuestras sociedades. Que la toma de decisiones esté más cerca de los administrados es conveniente de cara a facilitar la transparencia, el control y la propia gestión puesto que es más alcanzable. Hay unos límites de tamaño, por sobre y por debajo, en los que la gestión puede ser mucho más eficaz. La soberanista, para resolver los anhelos y expresiones diferentes existentes en las construcciones estatales históricas sin negar aquellas y destruir estas.
Curiosamente, ahora que se habla tanto de la II República como antecedente de nuestra actual pauta de convivencia, no estaría de más hacer más mención a alguna de las ideas de la Primera de República, y recordar y reivindicar más a Pi y Margall.
Mataró, 18 d’abril.
Pese al evidente proceso de descentralización que ha habido en España desde la Constitución del 78 y la construcción del Estado de las Autonomías tengo la impresión de que lo que representa este proceso todavía no es un hecho interiorizado firmemente, no ya por la ciudadanía sino por la propia clase política.
La distribución del conjunto del gasto público en España es, más o menos, así: descontado el 30% correspondiente a la Seguridad Social, el Estado tiene un 19% del total, las Comunidades Autónomas (CCAA) el 38% y las Corporaciones Locales (CCLL) el 13%. Haber conseguido esto en una generación es impresionante, es invertir completamente el funcionamiento del Estado en que vivimos. No obstante, más allá de declaraciones retóricas, no me parece que esté debidamente valorado, es más, me parece minusvalorado.
Pienso que este hecho se debe a dos razones. De un lado a la resistencia derivada de la rutina del funcionamiento centralista del Estado en nuestra historia contemporánea, expresión del pensamiento nacionalista español. Y de otro lado la resistencia de los otros nacionalismos a aceptar una fuente de legitimidad que no es la que quieren.
Una de las fuerzas del pensamiento nacionalista español es la existencia da unas estructuras administrativas centralizadas desde las que impone su concepción de la convivencia y que es un instrumento por impedir manifestaciones de diversidad. Esto es común a todos los centralismos. Estas estructuras a la vez daban a los que las ocupaban un status social que los hacía defensores radicales de las mismas. “Madrid” era, en esta concepción, la culminación de una pirámide de poder que lo hacía punto de destino final de toda una carrera personal, profesional o política. Por esto, el proceso de construcción del Estado de las Autonomías provoca muchas resistencias puesto que comporta interrumpir esta visión. A modo de ejemplo de lo que quiero explicar: el problema de la vivienda comportó hace un tiempo un estado de opinión, tanto público como publicado, que se tradujo en la reconstrucción de un Ministerio del tema ( Franco ya había hecho uno), cuanto la responsabilidad ya se había traspasado a otros niveles del Estado como las CCAA y las CCLL. También podríamos poner como ejemplos la pervivencia de otras estructuras burocráticas estatales que ya no tienen sentido y que cuesta hacer desaparecer. Me resultan sorprendentes algunos de los debates que todavía hacemos en el Congreso sobre temas que en puridad ya no son competencia del Estado, pero que todas las fuerzas políticas, aun las que se proclaman nacionalistas, llevan a discusión allí. (Debo decir también que perdí la batalla inversa, al pretender que en el Ayuntamiento sólo se trataran temas de gobierno local) En general cuando hay un problema todavía se piensa en la antigua estructura estatal centralizada y no en la estructura real que ya está en funcionamiento.
Para los nacionalistas periféricos el problema es diferente. La descentralización representa la delegación del ejercicio del gobierno desde una instancia que no se quiere reconocer. Tanto da que las cuestiones importantes para la vida de la comunidad, la educación y la sanidad sin ir más lejos, sean gestionadas por instituciones propias con competencias legislativas. El problema está en el origen de la delegación, en la soberanía. Para los nacionalistas aceptar que el origen de sus capacidades está en una normativa de alcance superior, que ellos no deciden solos sino que la establecen con todo el conjunto estatal, no es aceptable. Si, además, existe la restricción de una cierta coordinación de ámbito estatal, ya sea por motivos técnicos o políticos, todavía peor. El bilateralismo es entendido no como la relación de una parte con el todo, sino de una parte con otra parte. Cataluña con “España”, de la que la primera no formaría parte. Que hayan normativas estatales a las que se hayan de adaptar las autonómicas cuesta de aceptar puesto que evidentemente marcan unos límites a las decisiones y señalan el lugar dónde realmente se está. ¿Cómo es que el Congreso de los Diputados (“Madrid”) debe meter baza? ¿El Parlament (“Catalunya”) no es la representación del pueblo catalán? Esta visión quita importancia a los evidentes adelantos que en el tema del autogobierno se han logrado en estos años, y no ha habido quienes, con fuerza, lo defiendan. Estoy pensando en los míos propios, pese a las muchas declaraciones realizadas.
Pero la descentralización es un proceso necesario en la forma de gobierno de nuestras comunidades hoy en día para superar los obstáculos que comportan las dos visiones antagónicas existentes. La centralista, por la evidente imposibilidad de gestionar adecuadamente la complejidad de nuestras sociedades. Que la toma de decisiones esté más cerca de los administrados es conveniente de cara a facilitar la transparencia, el control y la propia gestión puesto que es más alcanzable. Hay unos límites de tamaño, por sobre y por debajo, en los que la gestión puede ser mucho más eficaz. La soberanista, para resolver los anhelos y expresiones diferentes existentes en las construcciones estatales históricas sin negar aquellas y destruir estas.
Curiosamente, ahora que se habla tanto de la II República como antecedente de nuestra actual pauta de convivencia, no estaría de más hacer más mención a alguna de las ideas de la Primera de República, y recordar y reivindicar más a Pi y Margall.
Mataró, 18 d’abril.
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