*(artículo para Capgros.com)
Pese al ruido que va acompañando el recorrido de la actual legislatura en las Cortes Generales, primero debido a la reforma del Estatuto de Cataluña y ahora otra vez con el tema vasco, este periodo dejará impronta por los cambios introducidos en nuestro ordenamiento jurídico de nuevos derechos sociales y el empuje económico que se ha dado a los ya existentes, además del que corresponde a los nuevos. ¡Y todavía queda una cuarta parte de la legislatura!
Últimamente ha sido destacada la aprobación de la Ley de la Igualdad que comporta el reconocimiento de la discriminación positiva respecto a las mujeres para atender la consecución real de una igualdad que la sociedad por si misma se resiste a conceder. Pero con anterioridad fue la Ley para la Autonomía Personal, más conocida como la de la dependencia, que establecía el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Las leyes, varias, que reconocían derechos de personas que tradicionalmente habían sido marginadas y discriminadas por su orientación sexual. La Ley Contra la Violencia de Género para intentar luchar contra esta lacra social que con la mayor transparencia social aflora cada vez más. Ahora, en el orden de los derechos laborales, se tramita el Estatuto del Trabajo Autónomo intentando abrir camino hacia la convergencia de esta clase de trabajo con los derechos generales de los trabajadores. También cabe reseñar las actuaciones gubernamentales que reconocen situaciones de hecho otorgando derechos a las personas que se encuentran en ellas y no los tienen reconocidos cómo es la regularización de muchos inmigrantes que viven y trabajan a nuestro país.
Muchas de estas actuaciones legislativas comportan, y comportarán más en el futuro, gasto económico que tendrán que recoger los presupuestos públicos: personal, servicios, transferencias, ayudas varias, equipamientos, instalaciones,...
A la vez, respecto a las prestaciones económicas públicas hacia a los colectivos más desfavorecidos se están haciendo avances considerables. Incrementos substanciales del salario mínimo y de las pensiones más bajas. Y para todo el mundo, como le gusta decir al Vicepresidente económico, Pedro Solbes, incrementando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y reduciendo la Deuda Pública, aprovechando la excelente situación económica en la que nos encontramos. Es decir, más dotaciones y menos carga para hacer frente a las obligaciones futuras que habrán de afrontar las generaciones del mañana.
Ya sé que esto se debería dar por hecho. A todo Gobierno se le exige que mejore y amplíe la situación y el bienestar de sus administrados, y lo que viene haciendo el Gobierno no es más, pero tampoco menos, que todo esto. Pero ante el que se puede translucir, en algunos medios y ambientes más que en otros, conviene reiterarlo y remarcarlo.
Tanto más que estos derechos y gastos logrados en estos últimos tiempos difícilmente habrá quienes los haga retroceder. Al menos que hubiera un cataclismo social y/o económico, o de reacción política desmesurada, en nuestra historia reciente no se ha producido marcha atrás en estos temas. No quiero decir que esto sea imposible y que no lo hayamos de tener presente. Aquellos que se opusieron en el momento de empezar la implantación de los mismos, como también lo hacen ahora, no los han cuestionado con posterioridad, y por esto pienso que los nuevos derechos y gasto social logrados en esta legislatura tampoco lo serán. Especialmente si la ciudadanía se los hace suyos e impide democráticamente que alguien los cuestione.
Mataró, 25 de marzo.
Pese al ruido que va acompañando el recorrido de la actual legislatura en las Cortes Generales, primero debido a la reforma del Estatuto de Cataluña y ahora otra vez con el tema vasco, este periodo dejará impronta por los cambios introducidos en nuestro ordenamiento jurídico de nuevos derechos sociales y el empuje económico que se ha dado a los ya existentes, además del que corresponde a los nuevos. ¡Y todavía queda una cuarta parte de la legislatura!
Últimamente ha sido destacada la aprobación de la Ley de la Igualdad que comporta el reconocimiento de la discriminación positiva respecto a las mujeres para atender la consecución real de una igualdad que la sociedad por si misma se resiste a conceder. Pero con anterioridad fue la Ley para la Autonomía Personal, más conocida como la de la dependencia, que establecía el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Las leyes, varias, que reconocían derechos de personas que tradicionalmente habían sido marginadas y discriminadas por su orientación sexual. La Ley Contra la Violencia de Género para intentar luchar contra esta lacra social que con la mayor transparencia social aflora cada vez más. Ahora, en el orden de los derechos laborales, se tramita el Estatuto del Trabajo Autónomo intentando abrir camino hacia la convergencia de esta clase de trabajo con los derechos generales de los trabajadores. También cabe reseñar las actuaciones gubernamentales que reconocen situaciones de hecho otorgando derechos a las personas que se encuentran en ellas y no los tienen reconocidos cómo es la regularización de muchos inmigrantes que viven y trabajan a nuestro país.
Muchas de estas actuaciones legislativas comportan, y comportarán más en el futuro, gasto económico que tendrán que recoger los presupuestos públicos: personal, servicios, transferencias, ayudas varias, equipamientos, instalaciones,...
A la vez, respecto a las prestaciones económicas públicas hacia a los colectivos más desfavorecidos se están haciendo avances considerables. Incrementos substanciales del salario mínimo y de las pensiones más bajas. Y para todo el mundo, como le gusta decir al Vicepresidente económico, Pedro Solbes, incrementando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y reduciendo la Deuda Pública, aprovechando la excelente situación económica en la que nos encontramos. Es decir, más dotaciones y menos carga para hacer frente a las obligaciones futuras que habrán de afrontar las generaciones del mañana.
Ya sé que esto se debería dar por hecho. A todo Gobierno se le exige que mejore y amplíe la situación y el bienestar de sus administrados, y lo que viene haciendo el Gobierno no es más, pero tampoco menos, que todo esto. Pero ante el que se puede translucir, en algunos medios y ambientes más que en otros, conviene reiterarlo y remarcarlo.
Tanto más que estos derechos y gastos logrados en estos últimos tiempos difícilmente habrá quienes los haga retroceder. Al menos que hubiera un cataclismo social y/o económico, o de reacción política desmesurada, en nuestra historia reciente no se ha producido marcha atrás en estos temas. No quiero decir que esto sea imposible y que no lo hayamos de tener presente. Aquellos que se opusieron en el momento de empezar la implantación de los mismos, como también lo hacen ahora, no los han cuestionado con posterioridad, y por esto pienso que los nuevos derechos y gasto social logrados en esta legislatura tampoco lo serán. Especialmente si la ciudadanía se los hace suyos e impide democráticamente que alguien los cuestione.
Mataró, 25 de marzo.
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