*(artículo para Capgros.com)
Hemos de aceptar que lo que ha pasado en los últimos años en España y en otros países de nuestro entorno inmediato (ya que no hemos sido los únicos) con el tema de la propiedad inmobiliaria ha sido un gran desmadre. Me gustaría pensar que esto ya es pasado, pero no tengo la certeza de ello.
Un conjunto de factores se juntaron para que esto fuera así. Todos ellos muy conocidos y explicados. Por el lado de la demanda: nuevas condiciones sociales (estructuras familiares, inmigración, ocio y estilo de vida...) y económicas (disponibilidades de renta y riqueza, tipo de interés, nuevas condiciones hipotecarias,...). Por el lado de la oferta: extensas (parecían) posibilidades de negocio y amplias posibilidades de suelos desocupados, abandonados, amortizados y /o reciclables.
Este panorama comportó que una gran mayoría de la población se pensara que era rica en patrimonio (la propiedad urbana está muy repartida) y se lanzara a una desenfrenada espiral que ha comportado un ciclo inmobiliario de una intensidad y duración como no se había conocido en muchos años. La llave no era la construcción sino la disponibilidad de suelo. Quien tenía alguna propiedad, por adquisición antigua o por herencia, se encontró de pronto sentado sobre un cofre lleno de monedas de oro que, además, día que pasaba se incrementaba. Quienes la no tenían vieron posibilidades de enriquecimiento a través de esta parcela (nunca tanto bien dicho) de actividad y se lanzaron a participar en ella, apalancándose si era preciso, yendo al crédito que era muy barato en comparación con las ganancias que se podían esperar (¿de qué sino todas estas nuevas empresas y “fortunas” que nos restregaban, día si día también, por la cara?).
Los fenómenos especulativos son bien conocidos en la historia económica. Y llega un momento que se acaban (las burbujas se pinchan), y entonces...: “tonto el último”. Aquellos que se les queda a las manos el activo sobrevalorado se dan cuenta que como su valor es el que quieran darle otros y no el ellos que pretenden que tiene, pues que vale menos de lo que se pensaban, realmente, puesto que no hay nadie que quiera dárselo. Y han de asumir las pérdidas.
Pero la actividad del sector inmobiliario comporta ocupación de trabajadores (¡mira que hemos llegado de colocar inmigrantes en ella!) y actividad económica (algún punto porcentual del crecimiento del PIB) y ahora todo son lamentos para intentar que no se corte el chorro de la teta y que algunos no tengan que asumir las consecuencias de la situación que ellos mismos provocaron. Y en medio del “triunfo” de la economía de mercado se afanan para que la administración pública se haga cargo del resultado del desbarajuste. Que si el enfriamiento del conjunto de la actividad, que si los peligros sociales de la situación de los inmigrantes, que si las expectativas de ingresos de las propias administraciones,... ¡Hay que ayudar al sector! Bien, lo que quieren decir en realidad es que no quieren asumir pérdidas. Quieren una economía de mercado solo con ganancias.
Pero las ganancias de unos siempre son pérdidas para otros. Ha habido durante todos estos años de desmadre una transferencia de renta y riqueza hacia los detentadores de suelo y todo lo que ha girado a su alrededor: promotores, intermediarios, comisionistas. Los que necesitaban este tipo de bienes, especialmente los que sólo tienen para vender su trabajo, debían hacer lo imposible para pagar lo que les pedían por el “derecho” a la vivienda, e incluso algunos se han puesto la soga al cuello más allá de lo que podían.
Al final del trayecto, ¿qué hay que hacer? Desde el New Deal y Keynes sabemos la respuesta a las situaciones de recesión. Pero esta no puede ser ilimitada. La colectividad ha de ayudar a las situaciones más extremas y debe velar para que el conjunto de la economía no se vaya a pique. Pero hasta un cierto punto. Hace falta atender las necesidades de vivienda más lacerantes, de los más necesitados, pero esto no pasa por las segundas residencias de recreo. Hay que mantener la confianza en el sistema financiero, pero algunos de sus gestores no se pueden ir “de rositas” sin asumir parte de su irresponsable responsabilidad. Hay que asegurar la existencia de un sector inmobiliario, pero hace falta podarlo profundamente de especuladores y de aprovechados. Es necesario que las administraciones públicas se adecuen a la nueva situación afinando las prioridades, repensando “alegrías”, y siendo más eficientes.
Es necesario, en fin, asumir que alguien deberá perder, perder activos, posesiones, perspectivas y, incluso en algunos casos, “carros y carretas”. No puede ser que después de haber tenido durante tanto de tiempo los beneficios del “libre mercado” ahora no se quieran asumir también las pérdidas.
Mataró, 2 de mayo.
Hemos de aceptar que lo que ha pasado en los últimos años en España y en otros países de nuestro entorno inmediato (ya que no hemos sido los únicos) con el tema de la propiedad inmobiliaria ha sido un gran desmadre. Me gustaría pensar que esto ya es pasado, pero no tengo la certeza de ello.
Un conjunto de factores se juntaron para que esto fuera así. Todos ellos muy conocidos y explicados. Por el lado de la demanda: nuevas condiciones sociales (estructuras familiares, inmigración, ocio y estilo de vida...) y económicas (disponibilidades de renta y riqueza, tipo de interés, nuevas condiciones hipotecarias,...). Por el lado de la oferta: extensas (parecían) posibilidades de negocio y amplias posibilidades de suelos desocupados, abandonados, amortizados y /o reciclables.
Este panorama comportó que una gran mayoría de la población se pensara que era rica en patrimonio (la propiedad urbana está muy repartida) y se lanzara a una desenfrenada espiral que ha comportado un ciclo inmobiliario de una intensidad y duración como no se había conocido en muchos años. La llave no era la construcción sino la disponibilidad de suelo. Quien tenía alguna propiedad, por adquisición antigua o por herencia, se encontró de pronto sentado sobre un cofre lleno de monedas de oro que, además, día que pasaba se incrementaba. Quienes la no tenían vieron posibilidades de enriquecimiento a través de esta parcela (nunca tanto bien dicho) de actividad y se lanzaron a participar en ella, apalancándose si era preciso, yendo al crédito que era muy barato en comparación con las ganancias que se podían esperar (¿de qué sino todas estas nuevas empresas y “fortunas” que nos restregaban, día si día también, por la cara?).
Los fenómenos especulativos son bien conocidos en la historia económica. Y llega un momento que se acaban (las burbujas se pinchan), y entonces...: “tonto el último”. Aquellos que se les queda a las manos el activo sobrevalorado se dan cuenta que como su valor es el que quieran darle otros y no el ellos que pretenden que tiene, pues que vale menos de lo que se pensaban, realmente, puesto que no hay nadie que quiera dárselo. Y han de asumir las pérdidas.
Pero la actividad del sector inmobiliario comporta ocupación de trabajadores (¡mira que hemos llegado de colocar inmigrantes en ella!) y actividad económica (algún punto porcentual del crecimiento del PIB) y ahora todo son lamentos para intentar que no se corte el chorro de la teta y que algunos no tengan que asumir las consecuencias de la situación que ellos mismos provocaron. Y en medio del “triunfo” de la economía de mercado se afanan para que la administración pública se haga cargo del resultado del desbarajuste. Que si el enfriamiento del conjunto de la actividad, que si los peligros sociales de la situación de los inmigrantes, que si las expectativas de ingresos de las propias administraciones,... ¡Hay que ayudar al sector! Bien, lo que quieren decir en realidad es que no quieren asumir pérdidas. Quieren una economía de mercado solo con ganancias.
Pero las ganancias de unos siempre son pérdidas para otros. Ha habido durante todos estos años de desmadre una transferencia de renta y riqueza hacia los detentadores de suelo y todo lo que ha girado a su alrededor: promotores, intermediarios, comisionistas. Los que necesitaban este tipo de bienes, especialmente los que sólo tienen para vender su trabajo, debían hacer lo imposible para pagar lo que les pedían por el “derecho” a la vivienda, e incluso algunos se han puesto la soga al cuello más allá de lo que podían.
Al final del trayecto, ¿qué hay que hacer? Desde el New Deal y Keynes sabemos la respuesta a las situaciones de recesión. Pero esta no puede ser ilimitada. La colectividad ha de ayudar a las situaciones más extremas y debe velar para que el conjunto de la economía no se vaya a pique. Pero hasta un cierto punto. Hace falta atender las necesidades de vivienda más lacerantes, de los más necesitados, pero esto no pasa por las segundas residencias de recreo. Hay que mantener la confianza en el sistema financiero, pero algunos de sus gestores no se pueden ir “de rositas” sin asumir parte de su irresponsable responsabilidad. Hay que asegurar la existencia de un sector inmobiliario, pero hace falta podarlo profundamente de especuladores y de aprovechados. Es necesario que las administraciones públicas se adecuen a la nueva situación afinando las prioridades, repensando “alegrías”, y siendo más eficientes.
Es necesario, en fin, asumir que alguien deberá perder, perder activos, posesiones, perspectivas y, incluso en algunos casos, “carros y carretas”. No puede ser que después de haber tenido durante tanto de tiempo los beneficios del “libre mercado” ahora no se quieran asumir también las pérdidas.
Mataró, 2 de mayo.
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