En el año 93 el PP se quedó a las puertas de ganar las elecciones generales. No digirieron la derrota y desataron un periodo negro de la política española en la democracia. A remolque de evidentes errores de los socialistas y de su Gobierno fueron implacables. Valió todo, incluso poner en cuestión los fundamentos del Estado.
En el año 2004, cuando el PP ya tenía asumido que volvía a repetir mayoría absoluta, fue expulsado del Gobierno por su mala administración de la tragedia del 11-M. Entonces, ahora ya está bien claro, se volvió a poner en marcha la estrategia de la tensión que tan buenos resultados los dio diez años atrás. Como que todavía no había errores socialistas, puesto que eran caras y políticas nuevas reciente llegadas, era y es necesario aprovechar cualquier tema por importante o delicado que sea: el debate territorial, con enfrentamientos entre comunidades; el tema de las lenguas con enfrentamientos entre personas; el cuestión del terrorismo, con enfrentamiento con las víctimas; el choque de las civilizaciones, con enfrentamientos entre las religiones. Lo de menos es el tema. Lo más importante es el objetivo: desalojar cómo sea el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Esta semana. Un ejemplo en los debates en el Congreso: La “persecución” de los castellanos parlantes en Cataluña. Otro, en los medios de comunicación: La “excarcelación” de miembros de ETA.
El primer debate trajo dos proposiciones a consideración del Cámara. Una, del grupo socialista, que defendió Ramón Jáuregui, valorando la situación de normalidad en el tratamiento de la diversidad lingüística española en la Constitución, en los Estatutos y en la normativa legal existente. Posición que fue atacada diciendo que sólo quería “tapar” lo que quería denunciar el PP, que era justamente el contrario. Era evidente. La otra, del PP, propició un debate entre dos diputadas catalanas. Dolors Nadal, por el PP, tuvo el triste papel de intentar exponer que había conflicto y, aun más, persecución lingüística en Cataluña, y Meritxell Batet del grupo socialista que defendió brillantemente que no la había y contraatacó duramente los argumentos populares.
El otro ejemplo, la pretendida excarceració de etarras, es mucho más preocupante y siniestra, puesto que en el fondo pone en cuestión una de las bases de la democracia como es la sumisión a la Ley. En una campaña ignominiosa, se viene a decir que el Presidente del Gobierno cede ante los terroristas. Se confunde a la opinión, y se juega con los sentimientos primarios de la gente, con el miedo y la indignación, diciendo que si salen condenados por delitos de sangre de la prisión es por voluntad del Gobierno y no porque lo dicen las leyes, los jueces y los fiscales.
Lo que pasa ahora en este tema con el Gobierno socialista es lo mismo que pasaba antes con Gobiernos populares: es la aplicación de las Leyes, no por los Gobiernos, evidentemente, sino por el sistema judicial, por lo que dicen jueces y fiscales. La Constitución, ley suprema, dice que no puede haber retroactividad en las leyes penales (arte. 9.3.), y que a los penados de los que ahora se habla se les ha de aplicar el código penal del 73 que era el vigente cuanto se les condenó, no el del 2003, o el que quisieran (algunos) que ni siquiera está normativitzado.
El valor moral de la democracia está en la supremacía de la ley, nos guste o no lo que resulta de ella. Y esto no puede ser discutido por ningún demócrata. A mí, y a mucha gente, supongo que a la mayoría, nos repugna que criminales que no se han retractado, una vez cumplida la condena que les fue impuesta, y aprovechándose además de los beneficios penitenciarios que las normas les otorgan, salgan de la prisión y vuelvan a la vida civil. Pero las normas que se les ha de aplicar son las que hay. Y nosotros, a diferencia de los terroristas, nos basamos en las leyes, luchamos con ellas, y ganaremos con ellas. Es nuestra fortaleza moral y política.
Por esto es repugnante la utilización que el PP hace ahora del tema, puesto que cuestiona los fundamentos de la democracia. Probablemente porque en el fondo les importa poco la democracia. No les preocupa socavarla el 2006, como lo hicieron con el Estado diez años atrás.
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