11 enero, 2006

Ingenio (a modo de rapport)

Vuelo a Gran Canaria para conocer de primera mano la realidad del municipio de Ingenio. Participo en el Ayuntamiento en una reunión con otros Diputados en la que la Corporación nos presenta su problemática.
(foto: La Provincia. 10/01/06)

Con unos 26.600 habitantes y unos 38 Km2 de extensión, este municipio ocupa en la circular isla canaria la superficie de un sector cuyo vértice está en el centro y la base, de unos 3 Km. de anchura, está en la costa del Naciente.


Y aquí está el problema, ya que en este espacio físico se ubica el aeropuerto de Gran Canaria, justo al lado de la base aérea militar de Gando que linda con el mar, con la ampliación ya programada de una tercera pista que permita su utilización simultánea con las ya existentes. La reserva de esta ampliación, más las afectaciones aeroportuarias y radioeléctricas que conllevan este tipo de instalaciones imposibilitan cualquier desarrollo urbanístico de la zona litoral y representan un limitación importante para el municipio. Hay que añadir que la parte interior, el cono del término municipal, está protegida dentro de un espacio calificado como Reserva Natural Especial.

El caso es claro. Hay una inadecuación entre la realidad administrativa local y la ubicación en la misma de unas instalaciones de ámbito superior, isleño, o incluso nacional. El municipio nació a principios del siglo XIX cuando su población se independizó del que formaba parte y se segregó. Entonces no había en Canarias, ni en cualquier otro lugar de nuestro entorno político, instalaciones de ámbito superior al municipal que afectaran negativamente la vida local. Y así fue durante mucho tiempo. Sin embargo la dinámica económica y social de la segunda mitad del siglo XX trastocó esta realidad que en muchos casos venía de lo más profundo de los tiempos.

Declive y/o desaparición de las actividades económicas y formas de vida ancestrales, nuevas formas y medios de comunicación, movilidad de personas, bienes y servicios a un nivel nunca visto anteriormente dislocaron las estructuras administrativas tradicionales. Estas estructuras habían surgido en su momento para dar las respuestas adecuadas que se precisaban entonces. Los concejos, cabildos, municipios, provincias, incluso, naciones y estados…, se fueron creando, modificando y/o adaptando según las necesidades que se iban requiriendo. Todas estas construcciones administrativas – para gobernar las comunidades – están hoy en entredicho porque las comunidades han cambiando sustancialmente respecto aquellas que las originaron. Sin ir más lejos de la realidad que motiva estas líneas, las comunidades físicas y sociales del Sur de la isla de Gran Canaria: Playa del Inglés, Maspalomas, Meloneras,…, casan bastante mal con la típica estructura municipal (San Bartolomé de Tirajana) derivada del Estatuto de Calvo Sotelo del año 27. Las competencias, los recursos de todo tipo, los procedimientos, las normas, han de adaptarse a los tiempos que corren.

Pero las estructuras mentales de los ciudadanos/anas y las visiones políticas son muy reacias a los cambios. Es evidente que no hay a la vista posibilidades de construir un nuevo mapa administrativo local, aunque la exitosa experiencia del Estado de las Autonomías nos podría hacer más atrevidos. No sabemos qué hacer con las provincias, hay escarceos no demasiado logrados con las comarcas, hay patentes disfunciones municipales. Algún otro ejemplo como la aceptación de una nueva moneda, el euro, o la extensión de los tanatorios –en un ejemplo muy especial y distante de los anteriores- también podría estimularnos. Sin embargo, todavía recuerdo las encendidas reacciones y pasiones que suscitó en Cataluña el informe Roca que se atrevió a impulsar Durán i Lleida en su breve etapa de Conseller de Governació de la Generalitat.

Volviendo a Ingenio, el Alcalde y la Corporación pusieron últimamente sus esperanzas en una propuesta que presentó el Senado para aumentar la participación de los tributos del Estado para aquellos municipios como el suyo que estuvieran afectados por instalaciones de interés general. Cuando la proposición, impulsada en el Senado por el PP, vino a debate al Congreso de los Diputados me correspondió a mí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, “echarla abajo”, es decir, argumentar su rechazo.

En el debate basé mi argumentación en varios aspectos. Los más importantes: No podemos ir adaptando leyes generales a las casuísticas concretas que se pueden dar. Hay más de 8.000 municipios en España. No se puede ir corrigiendo ahora la letra a) del punto 1 del artículo 124 del R. D. legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales porque hay 10 o 20 municipios que tienen un problema, y mañana otro apartado, y pasado mañana otro según vayan saliendo problemas. Casuísticas diversas y variopintas en el mundo local, puedo decir por mi experiencia municipalista, que hay muchas y complejas.

Tampoco creo que se resuelvan problemas como los planteados con más recursos económicos incondicionados. Habría que analizar si los cambios propuestos –correr hacia arriba la escala del índice de población de los municipios afectados a los efectos de la participación en los ingresos del Estado- ayudan en algo. Tengo algunas reservas sobre las cantidades resultantes que se barajan en este caso. Aunque, ciertamente, menos da una piedra. Sin embargo, el tema planteado en Ingenio: limitación al crecimiento urbano, pérdida de oportunidades, polución acústica y ambiental, servidumbres varias,…, no creo que sólo sea de más dinero.

Creo de justicia que las Administraciones que toman decisiones que implican a otras, perjudicándolas, han de buscar la fórmula para compensarlas. No es de recibo en nombre de un interés general y superior avasallar a Administraciones más débiles, y más teniendo en cuenta la falta de voluntad política de encarar los problemas reales de fondo. Si la isla en su conjunto (y el Cabildo como expresión político-administrativa de la misma), la Comunidad Autónoma de Canarias, AENA, como expresión de la Administración del Estado, creen conveniente establecer un aeropuerto, o su ampliación, en un municipio concreto, no puede ser éste quien ponga trabas y mediatice con sus decisiones el interés general, pero tampoco puede aceptarse que la decisión se tome, no ya sin escucharle que esto supongo que ya no puede discutirse (aunque a veces se olvide, o desprecie), sino sin establecer la debida y puntual compensación que no necesariamente tiene que ser exclusivamente pecuniaria.

En el cielo, entre África y Europa, 10 de enero.

No hay comentarios: